Cuando una persona es condenada a una pena privativa de libertad debe estudiarse la viabilidad de solicitar la suspensión de la pena y evitar, así, el cumplimiento de la pena de prisión. Y ello, en función de sus circunstancias personales y su trayectoria delictiva, es decir, si tiene antecedentes penales o no, si tiene alguna otra pena privativa de libertad suspendida, etc…

Es importante contar con un abogado penalista, especialista en ejecución de la pena, a fin de poder valorar las circunstancias concretas de la persona en su conjunto y diseñar la mejor estrategia.

El Código Penal establece una serie de supuestos en los que es posible la suspensión de la pena, pero incluso cumpliendo con dichos requisitos, es el/la Juez/a quien tiene la facultad de acordarla o no.

La suspensión de la pena privativa de libertad se encuentra regulada del art. 80 al 87 del Código Penal. Veamos cuales son los requisitos:

A) Requisitos subjetivos

El/la Juez/a para decidir sobre la suspensión valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del/la penado/a, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular, su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

B) Requisitos objetivos

Son requisitos necesarios para poder acordar la suspensión:

  1. Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la pena derivada del impago de la multa.
  2. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127 del Código Penal.
  3. Este requisito se entenderá cumplido cuando el/la penado/a asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo con su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el/la juez/a o tribunal determine. El/la juez/a o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.
  4. Que el/la condenado/a haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Penal. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

C) Supuestos excepcionales

El Código Penal establece una serie de supuestos excepciones en los que también es posible acordar la suspensión de la pena privativa de libertad:

  1. Se podrá acordar la suspensión de la pena privativa de libertad, aunque no se cumplan los requisitos objetivos expuestos en el punto 1º y 2o, es decir que el/la penado/a no sea reo/a primario, y que las penas a las que ha sido condenado/a sean superiores a dos años.  En estos supuestos la suspensión sería posible siempre y cuando el/la penado/a no sea reo/a habitual, las penas impuestas individualmente no excedan de dos años, y siempre que las circunstancias personales del/la penado/a, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. En estos supuestos, la suspensión estará condicionada siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en un procedimiento de mediación. Asimismo, la suspensión se condicionará al pago de una multa o al cumplimiento de trabajos en beneficios de la comunidad.
  2. Enfermedad o padecimientos incurables: Se podrá acordar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el/la penado/a esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
  3. Comisión del delito a causa de grave adicción a bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
  4. Excepcionalmente también se podrá acordar la suspensión de penas privativas de libertad de hasta cinco años, aunque no sea el primer delito que comete el/la penado/a siempre y cuando hubiera cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia a bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Para ello se deberá certificar suficientemente que el/la condenado/a se encuentra deshabituado/a o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.

En los supuestos anteriores, el/la juez/a o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los supuestos anteriores. En el caso de que el/la condenado/a se halle sometido/a a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderán como abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación.

D) El requisito temporal de la suspensión

El/la Juez/a o Tribunal acordará la suspensión de la pena privativa de libertad por un plazo de entre dos a cinco años para las penas no superiores a dos años, y de tres a un año para las penas leves. Las suspensiones acordadas, de manera excepcional, a causa de problemas de dependencia a bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, siempre se acordaran por un plazo de tres a cinco años.

Hay que tener en cuenta que si durante el tiempo de suspensión el/la penado/a comete un nuevo delito se le podrá revocar la suspensión y por tanto cumplir la pena que se le había suspendido más la  pena impuesta por el nuevo delito.

Como apuntábamos al inicio, es importante contar con abogado penalista  para analizar cada caso concreto y poder estudiar la viabilidad de la solicitud de la suspensión de la pena y diseñar una estrategia en función de las circunstancias personales, la trayectoria delictiva, los antecedentes penales, o la existencias de otras penas privativas de libertad suspendidas.